Ante tal panorama, el país nos plantea grandes retos en torno a las modalidades de intervención en el campo de la salud mental que resulten más favorables en condiciones como las reseñadas. En torno a lo anterior, la Política Nacional de Salud Mental de 1998 manifiesta : " Las formas como el estado tradicionalmente ha buscado solución a los problemas que lo aquejan han demostrado su ineficacia y por eso nuevos actores sociales, como en otros rincones del orbe son llamados en su ayuda, es así como en los modernos estados las soluciones que aquejan al colectivo son logradas a través la convocatoria de amplios sectores de la sociedad, ya los expertos técnicos, ya los sectores políticos, ya la sociedad civil organizada. Es hora de desmitificar algunos paradigmas del colectivo social, entre ellos, el que aquí nos preocupa, La Salud mental de los colombianos, a la que hay que retirarle el estigma moral con el que aun hoy se aborda en busca de posibles soluciones, a pesar de toda la evidencia científica que señala lo contrario" (3).

En torno a las potencialidades de desarrollo de intervenciones nacionales en pro de la salud mental, uno de los mayores logros recientes de la sociedad colombiana está consagrado en su Carta Fundamental y es la denotación de una carta de derechos de todo orden, ya civiles, ya sociales, económicos y culturales, como también colectivos y del medio ambiente, con garantía de su protección y defensa a través de mecanismos funcionales e institucionales, a fin de convertirlos en realidades fácticas en la cabeza de cada uno de los asociados y no solo meras enunciaciones formales en el texto constitucional. Fruto de ello, es que la salud fue definida como un derecho social en cuanto se refiere a acceso al servicio de salud, pero fundamental y por tanto político y civil en cuanto se refiere a garantizar la vida (3).

El Ministerio de Salud, a través del programa de Comportamiento Humano diseñó, elaboró e inició la implementación de una estrategia digna, respetuosa de los derechos de los eventuales pacientes y científicamente soportada para la aproximación desde el Sistema general de seguridad Social en Salud a las actividades de conservación y fomento de la salud mental, así como también aquellas de diagnóstico, rehabilitación y reinserción. Se trata de la Política Nacional de Salud Mental de 1998 (3).

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se propone implementar los lineamientos y estrategias de trabajo en el campo de la salud mental señalados por la Política Nacional, acorde con las necesidades, recursos, intereses y particularidades propias del ente territorial que agencia en materia de salud, mediante el desarrollo e implementación de un modelo de salud mental basado en la comunidad, en el cual se busca además recoger los postulados de Alma Ata y la Convención de Caracas (4, 5), consolidando todo lo anterior en un modelo descentralizado y con base comunitaria, que desarrolla las opciones estratégicas propuestas por la Política Nacional de Salud Mental de 1998, con énfasis en lo referente a la articulación de los recursos existentes mediante redes de servicios complementarios; así como en la inclusión de componentes de salud mental en todos los niveles de atención, privilegiando las acciones polivalentes preventivas y asistenciales cercanas a los primeros niveles, con planteamiento de opciones específicas tales como los Centros de Salud Mental Comunitaria; y con especialización creciente hacia los niveles III, en los cuales se propone implementar intervenciones altamente especializadas, como las contempladas para las Unidades de Atención Integral para Conductas Adictivas – UAICAS- (3). En el desarrollo de tal modelo, se han entrelazado además las experiencias exitosas de diversa índole recogidas de los servicios públicos distritales de salud mental que hasta la fecha han existido en Bogotá, dejando opción para la participación comunitaria activa en cuanto a la selección de los problemas, actividades específica y particularidades locales para la puesta en marcha del modelo en cada una de las cuatro redes de servicios vigentes en el Distrito Capital.